El juez Martín Cormick sancionó con $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por desoír la cautelar. La medida coincide con un paro total y movilizaciones estudiantiles y gremiales en todo el país.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una resolución clave que sacude los estamentos del Poder Ejecutivo Nacional. El juez Martín Cormick impuso una multa diaria al Gobierno Nacional tras verificar el abierto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción económica recae directamente sobre la figura del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en su carácter de administrador de las partidas presupuestarias del Estado.
La resolución judicial se hace efectiva en un escenario de extrema tensión social: hoy el país entero marcha en defensa de la educación pública. Sindicatos docentes, no-docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales paralizan las actividades con un paro total y movilizaciones federales en rechazo al desfinanciamiento, la caída de los salarios reales y el recorte de las becas. La multa impuesta por la Justicia expone de manera formal la ilegalidad del ajuste presupuestario que motivó la masiva reacción comunitaria en las calles.
El documento firmado por el magistrado Cormick detalla que el Poder Ejecutivo había sido intimado formalmente el pasado 22 de septiembre. Al vencerse el plazo límite fijado para el día 30 de ese mismo mes sin registrarse movimientos de pago, el tribunal aplicó las denominadas astreintes. El monto inicial se estableció en $100.000 diarios, con la advertencia explícita de incrementar la cifra o extender la penalidad a otros funcionarios públicos si la desobediencia estatal se prolonga en el tiempo.
El dictamen ratifica el reclamo histórico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el estancamiento de las partidas destinadas al normal funcionamiento de las altas casas de estudio. Pese a que el Ejecutivo apeló la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 —con el cual el presidente Javier Milei pretendió anular la normativa de financiamiento—, el juez remarcó que la medida cautelar continúa plenamente «activa, firme y de cumplimiento obligatorio» tras haber sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia.
