Un grupo de legisladores nacionales formalizó un pedido de citación para que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, comparezca ante el Congreso. La iniciativa busca que la funcionaria rinda cuentas sobre el violento operativo desplegado el pasado 6 de agosto durante la movilización en rechazo a la Ley de Tierras, el cual incluyó la participación de efectivos de civil disparando contra los manifestantes.
El requerimiento legislativo exige precisiones urgentes sobre el despliegue de las fuerzas, el volumen de municiones, gases lacrimógenos y camiones hidrantes utilizados. El punto de mayor tensión radica en esclarecer bajo qué marco normativo y orden jerárquica intervino personal sin identificación policial obligatoria, apuntando directamente al comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, señalado en los registros por abrir fuego vestido de civil.
Cuestionamientos al protocolo oficial y los Derechos Humanos
La presentación, que lleva las firmas de diputados como Juan Grabois, Itaí Hagman, Jorge Taiana, Natalia Zaracho y Adriana Serquis, expone una profunda preocupación por el desapego a las garantías constitucionales. Quienes promueven la citación aseguran que la gestión actual convalida métodos de dispersión que vulneran directamente los tratados de Derechos Humanos y el derecho a la protesta pacífica en el espacio público.
Desde los sectores denunciantes se alertó sobre la gravedad institucional que representa la «cacería» de ciudadanos en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, calificando el hecho como un abuso de poder recurrente que busca disciplinar el reclamo social mediante heridos y represión ilegal.
