El gobierno de Javier Milei avanza a paso firme en la construcción de su propio marco de impunidad. Bajo el pomposo nombre de proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso una reforma que busca flexibilizar el blanqueo de capitales y, fundamentalmente, extender un manto de protección legal a los funcionarios públicos que no pueden justificar sus patrimonios.
La jugada expone una tremenda contradicción oficial. Mientras el discurso libertario demoniza la corrupción de «la casta», la letra chica de la nueva normativa limita severamente las capacidades de auditoría de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con las nuevas trabas, el fisco no podrá investigar discrepancias menores a cinco millones de pesos, permitiendo además rectificar declaraciones antes de aplicar multas. Así, quienes ingresaron fondos negros al sistema contarán con un blindaje extraordinario.
Un historial de trampas: De los escándalos a las leyes de autoamnistía
Este proyecto no nace en el vacío; funciona como el cierre perfecto para una gestión salpicada por la sospecha. La necesidad de sancionar este esquema de «inocencia» obligatoria responde a la urgencia de cubrir los frentes judiciales de sus propios integrantes:
- El antecedente Adorni: El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya admitió públicamente haber ocultado ahorros «en negro» y se acogió apuradamente al régimen simplificado previo mientras era investigado por enriquecimiento ilícito.
- La causa ANDIS: Las escandalosas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad por el otorgamiento de pensiones falsas expusieron desvíos millonarios que la justicia federal empezó a cercar.
- El caso LIBRA: La trama de la criptomoneda y las maniobras financieras en la mira del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
- Préstamos del Banco Nación: El otorgamiento exprés de créditos oficiales a empresarios amigos y corporaciones aliadas mientras se asfixia el financiamiento a las pymes locales.
El retorno de los grandes evasores
Lejos de incentivar una supuesta «remonetización» transparente para sacar los dólares del colchón, la oposición denuncia que la «Inocencia Fiscal 2» actúa como una fábrica de impunidad. El proyecto elimina los topes patrimoniales del régimen simplificado de Ganancias, universalizando el beneficio para que los grandes evasores eviten rendir cuentas.
Con este entramado, el oficialismo intenta sellar un pacto de silencio legislativo. Diseñan leyes a medida de sus propios escándalos corrientes para garantizar que, cuando las auditorías del futuro revisen las cuentas públicas, la impunidad ya esté firmada por decreto.
