El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó de manera urgente habilitar el receso de invierno en los tribunales. El objetivo es que la Justicia dicte una sentencia definitiva ante el sistemático incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
A pesar de que el Congreso sancionó la ley y de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar que obliga a pagar los aumentos salariales y las becas, la gestión libertaria continúa sin enviar los fondos correspondientes.
El CIN denuncia maniobras dilatorias de la Casa Rosada
El escrito judicial fue impulsado por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN. En la presentación ante el juzgado contencioso administrativo federal a cargo de Martín Cormick, se denunció que el Gobierno viene desplegando múltiples estrategias legales únicamente para «entorpecer el trámite» y estirar los plazos.
«Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026», reclamó con dureza Bartolacci.
El corazón del reclamo universitario apunta a declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, una herramienta jurídica utilizada por los libertarios para congelar la aplicación de las leyes argumentando que no se detallaron «fuentes específicas de financiamiento».
Sueldos congelados y la mirada hacia otro lado en plena feria judicial
El receso invernal agarra a las universidades en una situación crítica. Aunque los sindicatos docentes y no docentes habían congelado sus planes de lucha tras un compromiso paritario del Ejecutivo, el Ministerio de Capital Humano volvió a fallar en las metas del acuerdo.
Mientras los salarios pierden sistemáticamente contra la inflación, la postura del Gobierno de Milei sigue siendo la de ignorar tanto al Poder Legislativo como al Judicial. Ahora, el fiscal de feria deberá dictaminar si se destraba el expediente para obligar, de una vez por todas, al Estado a financiar la educación pública del país.
