El Tribunal Oral que condenó a la expresidenta emitió una polémica intimación por una bandera colgada en San José 1111 durante la movilización del fin de semana. Buscan revocarle la prisión domiciliaria.
La hostilidad del partido judicial contra la principal líder de la oposición no se detiene. En una nueva muestra de ensañamiento, el Tribunal Oral Federal intimó formalmente a la dos veces expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, bajo la insólita advertencia de revocarle el beneficio de la prisión domiciliaria y trasladarla a una cárcel común.
La persecución, que sigue sumando capítulos conflictivos, se reactivó tras conocerse un escrito firmado por el juez Rodrigo Giménez Uriburu. En el documento se argumenta que las manifestaciones y actividades del último fin de semana en las inmediaciones de San José 1111 «alteraron a los vecinos». El detonante de la indignación judicial fue que la militancia desplegó una bandera que cruzaba la calle de vereda a vereda.
Bajo el amparo del artículo 34 de la ley 24.660, los magistrados exigen a la dirigente peronista abstenerse de conductas que impliquen un supuesto incumplimiento de las normas de su detención. La condena original, dictada el año pasado en un proceso profundamente cuestionado por la falta de pruebas y la evidente intencionalidad política de proscripción, vuelve a ser la herramienta de presión del sector judicial más alineado con el poder concentrado.
Mientras el partido judicial se enfoca en castigar el apoyo popular y la libertad de expresión de la militancia en las calles, los sectores políticos y sociales denuncian que esta amenaza de encarcelamiento efectivo busca aislar por completo a la referente opositora en un contexto socioeconómico cada vez más complejo.
