El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata elevó una petición por los salarios de docentes y no docentes, además de alertar por tema presupuestario.
La Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) elevaron una petición al Consejo Superior que por unanimidad la aprobó.
De esta manera la UNLP se pronunció en defensa de la educación pública y por los salarios de trabajadores y trabajadoras universitarias, docentes y no docentes, además de reclamar planes de inversión.
El presidente de la UNLP, Martín López Armengol encabezó la apertura de la sesión y reflejó la preocupación por la “difícil crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional en general y en particular en nuestra Universidad, que se ve plasmado en la demora en la ejecución de obras públicas existentes, en la adquisición de equipamiento científico para nuestros centros, institutos y laboratorios, y en retrasos salariales para la planta de trabajadores docentes y no docentes”.
Armengol manifestó además “la preocupación por los acontecimientos de violencia ocurridos en la Plaza de los Congresos durante el tratamiento de la Ley Bases cuando en el marco de la represión policial se produjo la detención de distintas personas entre las que se encuentran estudiantes universitarios”.
La declaración elevada al cuerpo por ADULP, ATULP y FULP señala: “Debemos plantear con claridad que el problema educativo está lejos de considerarse resuelto. Es imposible hablar de Educación Pública Gratuita y de Calidad con niveles salariales que alcanzan mínimos históricos, con una pérdida sistemática de poder adquisitivo, con la cancelación de hecho de las paritarias para plantear las necesidades salariales de nuestros compañeros y compañeras”.
Es necesario también que “de manera urgente se repare la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que se restablezcan y actualicen las becas estudiantiles y que el gobierno nacional entienda que el derecho a la educación está consagrado en el pacto internacional de derechos económicos y sociales que posee jerarquía constitucional y para que sea efectivo se necesita inversión para el funcionamiento, como así también inversión en salarios e inversión en políticas de derechos estudiantiles”.
