Un comunicado emitido po la Comisión Contra la Tortura de Neuquén alerta sobre la negación a Néstor Giménez a ocupar un lugar en el organismo por sus antecedentes sociales.
La situación de las cárceles en Neuquén es compleja, hace semanas legisladores provinciales citaron a Sebastián González, jefe de gabinete provincial, para que se presentara ante la legislatura para explicar el hacinamiento que viven las y los detenidos en las alcaidías provinciales.
Nunca sucedió esta interpelación, de hecho el gobierno no nombró sus representantes enla CCT, la cual tiene la posibilidad de inspeccionar los establecimientos de detención, sin aviso previo y con acceso irrestricto. También podrá actuar como querellante en causas judiciales relacionadas con hechos de tortura y deberá elaborar un informe público anual a los tres poderes del Estado sobre la evolución de la realidad carcelaria.
Hoy se conoció que a Giménez, parte del MTE/Rama liberado, no podrá ser parte porque sus antecedentes penales se lo impiden. Cabe aclarar que su designación era impulsada por legisladores y organismos de DD HH.
Este hecho se suma a que dicha comisión carece de presupuesto para que funcione, la legislatura provincial tiene hasta el 30 de este mes para votar su presupuesto.
El comunicado señala: “En el año 2022 nuestro compañero Néstor Giménez (referente de la Rama de Liberados/as y Familiares del MTE e integrante de la asociación civil APP) fue propuesto, seleccionado y elegido por la Legislatura de la provincia de Neuquén para integrar el Comité contra la Tortura en dicha provincia. Este proceso contó con el aval de las organizaciones sociales, de DD.HH., Legisladores, entre otros actores relevantes y se ajustó a la Ley Provincial N°3.213 de creación del organismo”.
“El día martes 6 de junio de 2023 desde Recursos Humanos de la Legislatura de Neuquén se le informó que no se podía avanzar con su designación como comisionado del organismo debido a la certificación de antecedentes penales. La administración de la Legislatura no tiene la función de designar o rechazar una designación como comisionado. Mucho menos en contra de lo resuelto por la legislatura en forma unánime. Es un acto de discriminación y es totalmente contradictorio ya que es su trayectoria como liberado, militante social y de Derechos Humanos es la que le permitió tener la experiencia, la capacidad y el reconocimiento para ocupar ese lugar”, agregaron
