La motosierra es más profunda que en 2025 y esto fue anunciado por el propio presidente Javier Milei al cerrar su primer año de gestión. Ayer se conoció la Resolución 10/2025 de la jefatura de gabinete, bajo la dirección de Guillermo Francos, donde se comunica que las investigaciones científicas con fines que no conforman la agenda estratégica del gobierno nacional pasarán por una revisión o se cerrarán, salvo las que hayan superado el 30% de su ejecución y en algunos casos se pedirá la devolución del dinero.
Desde el gobierno afirmaron que ajustarán $ 1867 millones que estaban destinados a investigaciones en 70 programas sociales y aseguraron que estos «no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo» del área.
Por su parte, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) hicieron conocer mediante un comunicado “su más enérgico repudio a la Resolución 10/2025 emitida por el Gobierno Nacional”.
Destacaron además que “dicha Resolución plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional. Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.
Y convocan de manera “urgente” a la comunidad universitaria, científica y al conjunto de la sociedad “a mantenerse alerta y movilizada en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, pilares esenciales para el progreso y el futuro de nuestra nación y el bienestar del pueblo argentino”.
