Sobran las pruebas del represivo operativo policial conducido por Patricia Bullrich, de hecho, la justicia federal le pidió a la ministra que presente un informe detallado sobre el protocolo anti marchas, sin embargo, la justicia porteña ha decidido investigar a las y los manifestantes.
«La Justicia porteña dio curso a la denuncia penal que presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se investiguen los hechos de violencia ocurridos durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y solicitó a los canales de TV que remitan sus filmaciones sobre esos incidentes», informó este martes el Gobierno porteño a través de un comunicado.
la fiscalía penal a cargo de Tomás Vaccarezza formalizó ese requerimiento a través de una comunicación enviada al Jefe de Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Marcelo Esteban Noguerol.
El jefe porteño salió con los tapones de punta y va contra la protesta social: “La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”.
Foto: Página 12
