La causa $LIBRA llegó a su fin tras el dictamen del juez Marcelo Martínez de Giorgi, una resolución que generó un fuerte impacto político. En julio pasado, el presidente de la Nación había firmado un decreto para nombrar a Ana María Cristina Juan al frente del Juzgado Federal de Hurlingham; la flamante jueza es, precisamente, la esposa de Martínez de Giorgi.
¿Devolución de favores? Ante la evidencia clara y contundente que dejó la difusión —o promoción— de la criptomoneda $LIBRA por parte del mandatario, su sobreseimiento no generó sorpresa, dado que los recovecos de la justicia suelen ser infinitos. Sin embargo, el decreto firmado en julio podría convertirse en la punta del ovillo para entender la trastienda del fallo.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, miembro de la Coalición Cívica que conduce Elisa «Lilita» Carrió, reaccionó al enterarse del nombramiento y publicó en su cuenta de la red social X: «Tomá pa’ vos. Tomá pa’ mí. ¿Se concreta la devolución de favores?».
Aunque los pliegos se votaron a principios de junio y el 25 de ese mes se oficializaron 52 nombramientos (entre los cuales no figuraba la esposa de Martínez de Giorgi), su designación como jueza del juzgado de primera instancia de Hurlingham se concretó finalmente esta semana mediante el Decreto 589/2026.
Esta designación avanza a contramano del propio argumento del Gobierno, que sostenía la postura de no nombrar magistrados en juzgados que todavía no están formalmente constituidos. Ese mismo fundamento fue el que utilizó el presidente Javier Milei para intentar frenar el nombramiento de María Verónica Michelli, una candidata cuyo pliego intentó retirar sin éxito. Michelli es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló investigaciones clave en torno al caso $LIBRA, justamente la causa que estaba a cargo de De Giorgi.
Ferraro, quien presidió la comisión investigadora de este caso, afirmó al respecto: «En la causa $LIBRA no solo debe investigarse la estafa y la situación de los particulares damnificados, sino también al Presidente de la Nación y a su hermana por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los estamos observando». Meses después de aquellas declaraciones, el reciente decreto presidencial vuelve a sembrar serias dudas sobre la actuación del juez Martínez de Giorgi.
