El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se arrogó públicamente una serie de detenciones policiales como si estas dependieran directamente de su rol ejecutivo y no de una orden del Poder Judicial. La polémica estalló tras el arresto de tres referentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados) en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, mientras llevaban adelante una medida de fuerza sectorial.
Los dirigentes Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron apresados por la Policía de la Ciudad en plena protesta gremial. Si bien Segovia fue liberado a los pocos minutos, sus compañeros continuaron alojados en la Alcaidía policial. Esta situación provocó una respuesta inmediata del sindicato, que paralizó por completo todas las líneas de subterráneos y el Premetro, bajo la advertencia de mantener la huelga por tiempo indeterminado si no se libera a los detenidos.
La tensión aumentó cerca de las 14:30 en la intersección de las avenidas Roosevelt y Triunvirato, en el barrio de Villa Urquiza. Allí, la Policía de la Ciudad reprimió e intervino de forma violenta para desalojar un corte de calle que realizaban las y los trabajadores del subte en reclamo por la libertad de sus compañeros.
«No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado», advirtió Néstor Segovia, titular del gremio, en declaraciones a la prensa. El histórico dirigente apuntó con dureza contra Emova, la empresa concesionaria del servicio privado, y criticó la postura del Gobierno de la Ciudad.
Por su parte, Jorge Macri respaldó el accionar policial y se alineó de forma corporativa con la empresa: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, lanzó el mandatario. “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, agregó para cerrar con su habitual consigna de “ley y orden”.
El respaldo de la CGT y la denuncia por criminalizar la protesta
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado de repudio ante lo que calificó como detenciones “arbitrarias e injustificadas” contra los referentes sindicales en la Línea B. La central obrera advirtió sobre la gravedad institucional que representa encarcelar a representantes de los trabajadores en el pleno ejercicio de sus funciones gremiales.
Según detalló la central sindical, el conflicto técnico de base se originó legítimamente ante el reclamo por la presencia de empresas tercerizadas en las tareas de mantenimiento de la red y por la aplicación de una sanción arbitraria contra un operario del sector. En ese sentido, la conducción nacional de la CGT remarcó que responder a demandas laborales con operativos policiales e ingresos de infantería implica “criminalizar la protesta social y perseguir de forma directa la actividad sindical” en el ámbito porteño.
