La situación de la vivienda en Argentina alcanzó un punto crítico. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional Inquilina, tres de cada diez hogares inquilinos viven en situación de emergencia habitacional, enfrentando deudas acumuladas, condiciones precarias y el miedo constante al desalojo. Esta problemática expone la vulnerabilidad de millones de familias y pone bajo la lupa la gestión del Gobierno, cuya política económica y habitacional muestra dos alarmantes aristas negativas.
La derogación de la Ley de Alquileres: desprotección absoluta
El primer gran golpe para los trabajadores que alquilan fue la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. Al dejar el mercado completamente desregulado, el Gobierno nacional eliminó los marcos de previsibilidad que protegían al eslabón más débil de la cadena.
Hoy en día, las consecuencias de esta medida son severas:
- Contratos ultra cortos: Abundan los acuerdos por apenas 6 meses o un año.
- Ajustes trimestrales o bimestrales: Las actualizaciones de precios son asfixiantes.
- Exigencias en dólares: En muchas zonas, los propietarios exigen contratos en moneda extranjera.
La «libertad de pactar entre las partes» se convirtió, en la práctica, en una imposición de condiciones por parte del mercado inmobiliario, dejando a las familias en una inestabilidad habitacional permanente.
Inflación vs. salarios: la fórmula del endeudamiento
El segundo factor negativo de la gestión actual es la feroz combinación entre la inflación acumulada y el estancamiento de los salarios. Aunque el discurso oficial intente mostrar una desaceleración de los precios, el costo de vida real sigue estando muy por encima del poder adquisitivo popular.
La devaluación y la desregulación de las tarifas públicas licuaron los ingresos de la clase media y trabajadora. El porcentaje del sueldo destinado exclusivamente a pagar el techo subió a niveles históricos, obligando a los inquilinos a recortar gastos básicos como alimentación y salud. Como los salarios perdieron la carrera contra la inflación, la única salida para miles de familias es endeudarse para pagar el alquiler, una trampa financiera que profundiza la emergencia habitacional en todo el país.
