El desplome del empleo y la licuación histórica de los salarios consolidan un escenario dramático en la Argentina. Desde la asunción de Javier Milei, la destrucción del tejido productivo no ha dado tregua, confirmando que la gestión libertaria no registra ni un solo indicador económico favorable para la clase trabajadora.
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso con crudeza matemática la realidad del mercado laboral. Los datos demuestran que el ajuste fiscal no lo paga «la casta», sino de forma directa los asalariados y las pequeñas y medianas empresas del país.
Ola de cierres y sangría de puestos de trabajo
El relevamiento privado arrojó una cifra catastrófica para el entramado empresarial argentino: entre noviembre de 2023 y abril de este año, cerraron de forma definitiva un total de 28.262 empresas. La velocidad de la caída libre es alarmante, registrándose el cese de actividad de 1.814 compañías en tan solo un mes según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Esta masiva baja de persianas se tradujo en una violenta pérdida de fuentes de sustento. Bajo la actual administración económica, se destruyeron 341.396 puestos de trabajo registrados. Lejos de reactivarse, los despedidos terminan empujados hacia la precariedad: la informalidad laboral escaló drásticamente hasta alcanzar el 44,2%, marcando un incremento interanual superior a los dos puntos porcentuales.
Tarifazos vs Salarios: una brecha insostenible
Para quienes logran conservar su empleo formal, la situación no es mejor. El fenómeno del «trabajador pobre» se afianza, dado que gran parte de los asalariados bajo relación de dependencia perciben ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica.
La desproporción entre la evolución de los precios de los servicios esenciales regulados por el Gobierno y los ingresos es abismal:
- Subte: +1.926%
- Colectivo: +1.450%
- Tren: +977%
- Luz y Gas: +847%
- Combustibles: +631%
Frente a estos aumentos de hasta cuatro cifras en el costo de vida, la remuneración promedio de los trabajadores del sector privado registrado apenas subió un 305%. Con números que asfixian el consumo interno y destruyen el poder adquisitivo, el programa económico oficial consolida una transferencia de ingresos sin precedentes que deja al pueblo trabajador desamparado.
