El sector nuclear argentino sufre un ataque sin precedentes tras confirmarse la desvinculación masiva de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), agravado por un violento despliegue de las fuerzas de seguridad. La gestión actual continúa su plan de desmantelamiento del patrimonio nacional y la soberanía científica de nuestro país.
Desguace y vaciamiento de la soberanía tecnológica
La ola de despidos masivos golpea de lleno al 20% del personal bajo contrato del organismo, dejando en la calle a unos 350 trabajadores altamente capacitados, entre los que se cuentan científicos, técnicos y personal administrativo clave. Esta medida interrumpe de forma abrupta investigaciones y proyectos estratégicos para el desarrollo de la energía atómica en la Argentina.
De acuerdo con las denuncias de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), esta política de ajuste pone en serio riesgo décadas de inversión pública y desarrollo soberano. Las notificaciones llegaron de forma repentina, informando que sus vínculos laborales no tendrían continuidad.
Gendarmería y tensión en los centros atómicos
Ante la legítima movilización y protesta de los trabajadores en la sede central del barrio de Núñez, la respuesta oficial no fue el diálogo, sino la represión y el amedrentamiento. El Gobierno colmó las oficinas públicas con efectivos de la Gendarmería Nacional para vaciar las instalaciones y dispersar los reclamos de los empleados.
La tensión y escenas de profunda angustia se replicaron también en otras dependencias del país, como en el Centro Atómico Bariloche, donde las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos mientras los trabajadores seguían recibiendo los correos electrónicos de cesantía en tiempo real.
Desde los gremios y sectores de la oposición legislativa advierten que estas acciones forman parte de un plan sistemático para asfixiar presupuestariamente a las instituciones científicas y preparar el terreno para la privatización de las áreas más valiosas del Estado nacional.
