El jefe de Gabinete rectificó sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción pero omitió el anexo de bienes de su esposa, Bettina Angeletti. A pesar de los proyectos de interpelación en el Congreso, Javier Milei lo sostiene en su cargo.
La situación judicial y política del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresó en una fase de extrema tensión. En el marco de la causa penal que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, la presentación encendió nuevas alarmas en los tribunales federales al detectarse que se omitió entregar el anexo reservado correspondiente a los bienes de su esposa, Bettina Angeletti.
Fuentes judiciales confirmaron que la falta del formulario físico (Formulario F-1246) bloquea la posibilidad de que el cuerpo de peritos contables obtenga una radiografía completa del patrimonio familiar. Esta maniobra es vista en los pasillos de Comodoro Py como una estrategia de dilación para ganar tiempo, justo antes de que la Justicia evalúe emitir un requerimiento formal de justificación de bienes, paso previo a una eventual citación a indagatoria.
Justificaciones públicas: fondos «en negro» y marchas atrás
Frente al avance del expediente que lidera el fiscal Carlos Pollicita, Adorni ensayó una defensa pública en televisión. Allí argumentó que el patrimonio del hogar debe medirse unificando los bienes conyugales, destacando la trayectoria de más de dos décadas de su esposa en el sector corporativo privado.
El punto más polémico de su descargo fue la admisión abierta de que mantuvieron una porción sustancial de sus ahorros familiares fuera del circuito financiero formal, es decir, «en negro». Para intentar regularizar esta situación fiscal, el matrimonio se inscribió recientemente en el régimen simplificado de la Ley de Inocencia Fiscal.
A esto se suma la controversia por una propiedad en el country Indio Cuá. En la declaración original entregada ante el Congreso, la vivienda no figuraba porque Adorni alegaba que pertenecía exclusivamente a su cónyuge. Cercado por las auditorías, en la última rectificativa dio marcha atrás y pasó a declarar una titularidad compartida del 50%.
El respaldo de Milei y la presión en el Congreso
A pesar de que el escándalo patrimonial crece y la situación judicial se complejiza, el presidente Javier Milei mantiene una postura firme de sostener a Adorni en la Jefatura de Gabinete. Esta decisión representa una estrategia política de jugar al «todo por el todo», desoyendo incluso las advertencias de sectores internos y de la oposición que consideran insostenible la permanencia del funcionario en un cargo de semejante centralidad institucional.
Mientras el Poder Ejecutivo ensaya un blindaje sobre el ministro coordinador, el frente legislativo se recalienta. En el Senado, el bloque peronista formalizó un proyecto para interpelar al funcionario y exigir su remoción inmediata del cargo. En paralelo, se acumulan denuncias penales en los tribunales por «omisión maliciosa», aumentando la presión sobre una gestión que ve crujir uno de sus principales pilares discursivos.
