El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha puesto la fecha del 17 de febrero para inciar las clases presenciales y es inamovible, aun cuando alumnos y alumnas, sindicatos de trabajadores de la educación y cooperadoras le piden que la postergue y ponga en condiciones las escuelas.

El jueves pasado distintas cooperadoras presentaron un informe con un duro panorama para la vuelta al cole. El deterioro edilicio de las escuelas públicas, su falta de espacio, ventilación e incluso en varios establecimientos la falta de agua o la existencia de baños clausurados son los problemas que la comunidad educativa quiere discutir con la ministra de educación porteña Soledad Acuña.

El diálogo no existe, el gobierno porteño por un lado y la comunidad educativa por el otro.

 “Estamos exigiendo una mesa de diálogo, que se siente a charlar el Ministerio con todos los sectores, cooperadores, docentes, terciarios, y no hay caso. Es muy triste. A nosotros los cooperadores y a los gremios nos tratan como si fuéramos los enemigos y no tienen en cuenta que, en realidad, estamos haciendo el trabajo de ellos”, señaló Javier Galarza, delegado de cooperadoras de la Comuna 13 (integrada por los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales) y presidente de la cooperadora del Liceo 9.

Once colectivos constituidos por cooperadoras, en conferencia de prensa, pidieron el jueves pasado que las clases se posterguen para marzo, que avancen con las obras para poner en condiciones a las escuelas y que además sean bimodales, es decir presenciales y virtuales.

“Venimos desde el 2020 con clases virtuales y desde el Gobierno de la Ciudad no se aprovechó para hacer obras, tampoco se resolvió la falta de computadoras y conectividad. Todos queremos la vuelta presencial pero que sea segura. Hay problemas edilicios serios en muchas escuelas: aulas chicas, baños clausurados, falta de agua y ventilación”, afirmó Pablo Cesaroni, de Cooperadores en Movimiento.

Betina Silveiro, presidenta de la cooperadora del Normal N°1 que cuenta con jardín de infantes, educación primaria y secundaria enumeró varios ítems que hacen peligrosa la concurrencia de alumnos y alumnas, aun si no estuviéramos en medio de una pandemia: “hay problemas puntuales de incumplimiento con el protocolo borrador. A saber: terrazas que filtran agua, riesgo de electrificación por la humedad y gran deterioro de años. Con reclamos, una resolución de la Defensoría en 2018 e informes de ingenieros dictaminando la gravedad y el peligro. También en 2019 se presentó un reclamo ante Infraestructura, directamente sin respuesta”.

Por otro lado la comunidad educativa cuestiona la vuelta a clases y el tema central del transporte público.

El médico Javier Saggese, integrante de la Comisión de Salud del Consejo Consultivo de la Comuna 5 afirmó: “Ante un horizonte posible de inmunidad comunitaria con la vacuna, generar ahora un rebrote con el incremento de circulación es un riesgo muy serio”.

Y se preguntó: “En la Ciudad, el promedio de contagios de la última semana fue cuatro veces mayor a lo que teníamos hace dos meses. No es una situación estable o controlada. Cada barrio tiene diferentes dinámicas, el virus en barrios contiguos tiene diferente comportamiento ¿Es inocuo sumar a cientos de miles de personas a la circulación en el transporte público? ¿Van a sumar más unidades?”.

La abogada María Cecilia Fernández, del Grupo de Litigio Estratégico, fue contundente al destacar: “Por supuesto que queremos volver a las aulas. Hacemos juicios para volver a la escuela, para que no cierren. Pero exigimos que el retorno a clases sea cuidado, generado con las políticas públicas que implican el cumplimiento de las normas locales, nacionales e internacionales que disponen que toda la población tiene que tener acceso pleno a todos los derechos”. Pidió que “se respete con la misma intensidad el derecho a la educación como el derecho a la salud”.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza de manera marquetinera hacia el inicio de clases. Antepone los más que importantes diagnósticos elaborados por colectivos de pediatría, nacionales e internacionales, que advierten sobre la peligrosidad que las infancias y adolescencias no concurran a clases, pero esconden las gravísimas carencias edilicias del sistema público de educación.

Desde el gobierno porteño, con Soledad Acuña a la cabeza, demonizan la participación ciudadana, marginan su trabajo, los presentan ante la sociedad como enemigos y no cumplen con su deber de garantizar la seguridad de alumnos y alumnas.

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