La economía del conocimiento
Por Juan Manuel Pescio.
En el rastro de un buque portacontenedores colmado de mercancías en tránsito por el pacífico, en la cantidad de autos que pasan por la cabina número 5 a la altura de Hudson en la autopista Buenos Aires La Plata, en la interacción con el navegador web de personas de 45 a 56 años que residen en Tucumán, en la cantidad de autos aparcados en el estacionamiento de Wallmart en la tienda chilena de Arica a lo largo del último mes, se puede encontrar las unidades mínimas que componen el segmento dominante de la economía mundial. Los datos, junto con sus algoritmos e infraestructura para la obtención, procesamiento y análisis y almacenamiento, conforman en gran parte el sector llamado Economía del Conocimiento.
En los años lindantes a la crisis del 2008 producida en las economías centrales, las empresas comenzaron a crear y renovar modelos de negocios, con el fin de encontrar ventajas competitivas, aumentar la ganancia, y disminuir el riesgo inherente a algunos tipos de actividades, pudiendo contar con tecnología que sirva, entre otras cosas, como monitor para la detección de nuevos segmentos de mercado o productos y servicios con potencial de éxito. Aun así, es preciso abrir la definición, dado que la economía del conocimiento abarca todos los procesos industriales que son intensivos en términos de conocimiento, como la bio y nano tecnología, la industria satelital, entre otras, por lo cual la podemos entender como un sector de la economía compuesto de un conjunto de actividades muy diversas que tienen como común denominador el uso intensivo de la tecnología y trabajadores altamente calificados.
Vistazo a la situación argentina
En la actualidad de nuestro país este sector industrial, según diferentes estimaciones, factura alrededor de 3.000 millones de dólares por año, con exportaciones por 6 millones de dólares anual, empleando a poco más de 200 mil trabajadores, los cuales en alto grado alcanzan buenas remuneraciones.
En octubre del año 2020 y reglamentada por el Poder Ejecutivo en diciembre del mismo año, se sancionó la nueva Ley de Economía del Conocimiento N.º 27570, la cual viene a modificar modifica el Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento del gobierno macrista. Mediante esta nueva ley, el gobierno de Alberto Fernández apunta a fortalecer mediante un esquema de beneficios el sector y facilitar el desarrollo de MiPyMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) con miras a aumentar las exportaciones de las empresas que se dedicadas a servicios basados en el conocimiento, sector que cuenta al momento con resultados negativos en la balanza comercial, así como también mejorar la capacidad productiva de otros sectores productivos.
Ya en enero del corriente año, desde la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, enmarcada en el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas, se establecieron los rubros que componen a la industria y economía del conocimiento. Los mismos son a) software y servicios informáticos y digitales; b) producción y postproducción audiovisual; c) biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; d) servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones; e) servicios profesionales de exportación; f) nanotecnología y nanociencia; g) industria satelital y aeroespacial, tecnologías espaciales; h) ingeniería para la industria nuclear; i) fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios; j) servicios de Investigación y Desarrollo.
La ley tiene como objetivo lograr, en un plazo de diez años, duplicar el empleo en el sector, multiplicar por 2.5 la cantidad de exportaciones, colaborar con el desarrollo federal de polos de economía del conocimiento y fortalecer la promoción del empleo femenino y de diversidades. Es un paso importantísimo a la hora de pensar fortalecer un sector estratégico que puede aportar al saneamiento de la economía nacional, el cual cuenta con la capacidad de difundir innovación transversalmente a todos los sectores industriales, así como también puede absorber necesidades globales de desarrollo de tecnología.
La soberanía por las nubes
Recientemente, desde la Jefatura de Gabinete, se realizó un procedimiento de consultas con especialistas para un proyecto de cardinal importancia para avanzar en la independencia tecnológica y aumentar las capacidades del Estado relativas al control de la tecnología que adopta para satisfacer sus múltiples necesidades. El proyecto apunta a crear una nube híbrida de gobierno, la cual es una infraestructura que ofrece servicio de cómputo y almacenamiento pensada para dar solución centralmente a los requerimientos de diferentes áreas y dependencias de la Administración Pública Nacional.
La empresa estatal Arsat cuenta con un Centro Nacional de Datos, el cual es uno de los más grandes de la región, proveyendo servicio tanto al sector público como al privado. El proyecto de creación de la nube híbrida nacional, inserto en el marco del Plan Conectar 2020-2023, apunta a la renovar y ampliar el equipamiento del mismo. Para la creación de la nube híbrida, este datacenter se combinará con otras nubes públicas y privadas, mediante una red, compuesta de múltiples servidores y software de virtualización que permite, entre otras cosas, gestionar la carga de trabajo en todo momento.
El proyecto viene, entre otras cosas, a disminuir la dependencia que se tiene en la actualidad con Google, IBM Amazon u otras grandes empresas extranjeras para alojar sistemas de envergadura en un entorno productivo, lo cual no sólo es costoso, sino que pone un límite al control que se tiene sobre las tecnologías y la seguridad de las mismas. Un conjunto de mujeres y hombres que trabajan en el sector tecnológico nacional firmaron un documento que tiene como visión ordenadora del proyecto la soberanía tecnológica, el uso de software libre, el desarrollo local y la interoperabilidad a la hora de pensar la nube. El documento señala, entre otras cosas, que “(…) la tecnología de nube aparece en el centro de cualquier implementación tecnológica de hoy en día. Es por eso que el Estado debe asegurarse su control legal, intelectual y operativo. Una nube basada en tecnologías libres permite que el Estado conozca todos los detalles de la tecnología que emplea y le da la posibilidad de tomar sus propias decisiones tecnológicas”.
La importancia de esta iniciativa radica en el impacto de contar con una infraestructura nacional, en un momento donde toda política tiene un aspecto tecnológico o se sirve de la tecnología para su diseño, y esto no va a hacer más que aumentar y complejizarse con el correr del tiempo. Así como también le da la oportunidad a empresas nacionales u organismos de distinto tipo de contar con la posibilidad de escalar sus recursos mejorando la propia infraestructura.
La elaboración del documento, en el marco del proceso de consulta de Jefatura de Gabinete, tiene como firmantes a:
- Leandro Monk, gcoop – FACTTIC
- Fernando Schapachnik, Fundación Sadosky & ICC UBA-CONICET
- Sebastian Uchitel, Director Instituto UBA/CONICET de Ciencias de la Computación.
- Pablo Vannini, gcoop – UNPAZ
- Mariano Zukerfeld- Conicet – e-TCS/Centro CTS/Umai
- Andrea Díaz, Lic en Ciencias de la Computación, UBA. Esp en Gestión de la Tecnología y la Innovación, UNSAM.
- Julián Dunayevich. Lic. en Ciencias de la Computación.
- Juan Lagostena, Ing. en Informática, docente universitario.
- Nicolás Passerini, Ingeniero en Sistemas de Información, docente universitario. Director de Seguridad de la Información en AFIP
Link del documento “Nube híbrida nacional: soberana, libre, interoperable y con desarrollo local”
