El Frente Patria grande, herramienta política de organizaciones sociales y sindicales de la economía popular y referenciado en la figura de Juan Grabois, le escribió una carta al presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, para pedir por la libertad de presos políticos en la provincia de Catamarca.
Aquí la carta
“Por medio de la presente, queremos expresar nuestra honda preocupación frente a la situación de los presos políticos de Andalgalá y la actitud adoptada por el PJ de Catamarca. Consideramos que contradice los más elementales principios del movimiento nacional y las banderas que unieron al Frente de Todos al enfrentar las lógicas antidemocráticas, represivas y persecutorias del macrismo.
En la actualidad, doce ciudadanos permanecen arbitrariamente detenidos hace diez días por su supuesta participación en incidentes que se produjeran en el marco del conflicto de los vecinos con las multinacionales mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont. Las detenciones, ordenadas por una ex empleada de las mineras, fueron avaladas por las autoridades del PJ Catamarqueño que presentó querella criminal.
Los detenidos son de distintas edades, profesiones y pertenencias políticas. Hay entre ellos militantes ambientales, políticos, feministas e incluso un compañero de nuestra fuerza, Damian Abel, peronista de toda la vida que actualmente coordina un merendero en Andalgalá. También se encuentra detenido Matías Paz (30), empleado público, árbitro de fútbol,papá; Aldo Flores (73), sociólogo, docente jubilado, activista desde el minuto cero en contra de la megaminería; Ailén Saracho Diamante (21), estudiante, futura maestra, militante feminista; Sara Fernández (35), estudiante, artesana, montañista, cicloviajera; Augusto Brizuela (49), jornalero de actividades rurales; Enzo Brizuela (32), estudiante avanzado de Geología, artesano y músico; Jorge Ramos (39), profesor de historia, músico, gestor cultural, comunicador social.
Eduardo Villagra, es otro de los detenidos. Un laburante. Trabaja en el corralón de materiales.
Los detenidos están en pésimas condiciones higiénicas y el baño de la comisaría estaba destrozado. La familia de Eduardo le pidió al corralón el material para arreglarlo. Esta pequeña anécdota refleja la injusticia social y ambiental que se sufre en muchos lugares del país: mientras las megamineras disponen de miles de litros de agua por segundo, en muchos casos ni los ciudadanos ni las instituciones tienen acceso a ese derecho fundamental. Mientras la riqueza y la impunidad se enseñorean, la pobreza y el rigor se descargan sobre el pueblo trabajador.
Compañero Alberto Fernández, Presidente del PJ Nacional
A los detenidos se los acusa de haber participado en los incidentes que se produjeron durante la caminata 583 por el agua y la vida, masiva movilización popular contra la megaminería que en esta ocasión sumaba el repudio al inicio intempestivo de las perforaciones del yacimiento Agua Rica ubicada en zona glaciar y periglaciar en la cuenca alta del río Andalgalá a pocos kilómetros de la ciudad que se abastece de esas aguas. Estas obras contrarían el criterio adoptado por la CSJN en su sentencia “Causa Sergio y Otrso c/Minera Agua Rica y Otros s/Amparo” de la que surge que este emprendimiento produce “un agravio al medioambiente, que por su magnitud y circunstancias puede ser de insuficiente o imposible reparación”. Los lamentables incidentes que se produjeron en el marco de una movilización absolutamente legítima frente al accionar ilegítimo de la multinacional, provocaron daños materiales considerables por ningún daño humano.
La continuidad de las detenciones es absolutamente injustificada por diversos motivos: la vigencia del principio de inocencia, la inexistencia de víctimas humanas, la ausencia absoluta de riesgo de fuga ni capacidad de entorpecer la causa ya que se trata de todas personas conocidas del pueblo. A eso se suma la parcialidad manifiesta de jueces y fiscales subordinados a los intereses mineros, en algunos casos ex empleados de dichas empresas.
Las aprehensiones se produjeron en los días posteriores a la movilización en el marco de operativos que violaron todo tipo de derechos y garantías constitucionales. Es importante destacar que, además de las detenciones, se produjeron incontables episodios de hostigamiento e intimidación de enorme gravedad con la participación ostensible del grupo especial Kappa filmando los domicilios de asambleístas y militantes, permaneciendo largas horas en sus inmediaciones con rostros cubiertos y armas largas.
Semejante abuso de poder es un verdadero calco de la lógica que Ud., nosotros y gran parte de la militancia del frente de todos enfrentamos durante el macrismo cuando denunciamos
las detenciones arbitrarias, abusos policiales y maniobras judiciales contra dirigentes sociales y políticos ¿Cómo puede ser que ahora un gobierno del Frente de Todos reproduzca el mismo método? ¿Cómo puede ser que el principal partido de nuestro Frente avale semejante injusticia? ¿Cómo puede ser que se sostenga un silencio frente a una situación de tamaña gravedad?
Existe además otra dimensión que nos debe llevar a la reflexión. Como parte del Frente de
Todos, nos duelen los daños producidos en el local partidario. Queremos que se investigue el hecho otorgándole todas las garantías a los eventuales imputados. Sin embargo, debemos preguntarnos si no es legítima la indignación de una creciente parte del pueblo, en particular la juventud, ante la anuencia con ciertos modelos extractivos que destruyen la naturaleza y perjudican a las comunidades.
Creemos que debemos replantearnos algunas formas de mal desarrollo frente a la que el Frente de Todos no pareciera tener una política clara. Además del gravísimo daño al ambiente que producen, se trata de modelos de saqueo en el que literalmente nos roban recursos mineros, agrícolas e ictícolas que se extraen de las venas abiertas de nuestrapatria y terminan en las arcas de los países ricos en un pase de manos signado por el contrabando, la subdeclaración, la evasión y la elusión fiscal en perjuicio del pueblo argentino.
En algunos casos, la maniobra es grosera. En La Alumbrera, por ejemplo, el producto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. De ahí en tren hasta Santa Fe para ser exportado. Luego, esperamos pasivamente a que en destino nos digan que les llegó. Lo mismo sucede con los porotos de soja que salen de la Argentina rumbo a Paraguay para luego ingresar por el Paraná como soja paraguaya y salir por un puerto regenteado por multinacionales sin control nacional soberano.
Hoy entra en vigencia el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que nuestro país ratificó en enero de este año a través del Congreso de la Nación, con el consenso de las principales fuerzas políticas del oficialismo y la oposición que integran el cuerpo legislativo. En su artículo 9, el acuerdo establece la necesidad de proteger los derechos y garantías en los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Hoy más que nunca, cuando la pandemia nos demuestra que la crisis ecológica ya está impactando en la salud de los pueblos y que el agua es un recurso vital para el cuidado y la supervivencia, debemos recordar el Mensaje Ambiental de General Perón a los Pueblos del mundo, debemos recordar las palabras del Papa Francisco en Laudato Si, debemos escuchar el grito de la juventud, los pobres y las comunidades que luchan por la justicia ambiental y social como un todo indisoluble. Debemos exigirles a nuestros dirigentes que no sean cómplices ni socios de las multinacionales del saqueo ni los mercaderes de la muerte.
Hoy se está consintiendo que quienes se la juegan para defender los recursos de nuestro país, estén presos y sabemos que no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Por ese motivo, solicitamos al PJ Nacional que se sume al clamor por la liberación de las y los doce detenidos de Andalgalá, pronunciándose claramente sobre la naturaleza arbitraria y política de sus detenciones”.
Frente Patria Grande
Estas son las firmas que acompañaron esta carta:
Ofelia Fernández, Juan Grabois, Itai Hagman, Federigo Fagioli, Natalia Zaracho, Daniela Emma Castro,
Manuel Bertoldi, Carina López Monja, Ezequiel Arauz, Victoria Freire, Claudia Tula (FPG Catamarca), Luis
Castro (FPG Catamarca), Amalia Romina Robledo (FPG Catamarca), Laura Padilla (FPG Salta), Pedro Guzmán
(FPG Salta), Rodrigo Escribas (FPG Salta), Gabino Pacheco (FPG Tucumán), Rodrigo Scrocchi (FPG Tucumán), Gonzalo Maurin (FPG Jujuy), Sonia Chorolque (FPG Jujuy), Hilda Ivone Garay (FPG Jujuy), Isaías Díaz
(FPG La Rioja), Laura Pouso (FPG San Juan), Eduardo Camus (FPG San Juan), Federico Lorite (FPG Mendoza), Ema Tobal (FPG Mendoza), Vanesa Alejandra Martinez (FPG Mendoza), Jorge Pelegrin (FPG San Luis),
Jose Alfredo Rain (FPG Chubut), Rocío Millaín (FPG Neuquén), Gonzalo Bon (FPG Río Negro), Alejandro
Palmas (FPG Río Negro), Constanza San Pedro (FPG Córdoba), Fernando Rey (FPG Santa Fe), Graciela Zenas
(FPG Santa Fe), Sebastián Correa (FPG Santa Fe), Marisol Esponda (FPG Entre Ríos), Francisco Perez (FPG
Entre Ríos), Viviana Piasterlini (FPG Corrientes), Mariano Alfageme (FPG La Pampa), José Luis Fuentes (FPG
Misiones), Lidia Elizabeth Pineda (FPG Formosa), Marta M Mendoza (FPG Formosa), Cintia Mariela Alegre
(FPG Santiago del Estero), Luis Carlos Pacheco (FPG Santiago del Estero), Javier Ojeda (FPG Chaco), Sol de
la Torre (concejal Mar del Plata), Juan Arrizabalaga (concejal Tandil), Carolina Francia (concejal Luján),
Andrés Lorusso (concejal San Vicente), Juan Giuseppucci (concejal Ayacucho), Gastón Casco (concejal San
Pedro), Rocío Córdoba (concejal San Blas de los Sauces, La Rioja), Luci Ibarra (concejala Ciervo Petiso,
Chaco), Marcelina Paola Sandino (consejera escolar, Ensenada).
