La diputada libertaria Lilia Lemoine, su compañero de bancada Carlos Zapata y el legislador del PRO Gerardo Milman, presentaron un proyecto de ley que busca erosionar al máximo la ley de identidad de género.
La Ley de Identidad de Género en la lupa de la ultraderecha vernácula, este proyecto de ley busca vaciar de herramientas a la norma nacional, quitándole fondos y garantías, como los que están ligados en tratamientos hormonales o quirúrgicos de las personas que desean adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida.
Además, la autopercepción está en la mira de la ultraderecha y para atacarla, el diputado Milman, el mismo que esquivó a la justicia de una y mil maneras por el intento de asesinato de la ex mandataria Cristina Kirchner, señaló: “se utilizó al Estado para intervenir, financiar, promover e imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas que no gozan de consenso social ni científico, y que no debían ser objeto de financiamiento público compulsivo”.
La Ley de Identidad de Género provocó un reconocimiento internacional para nuestro país, lo que lo convirtió en referente en materia de Derechos Humanos y de diversidad.
La iniciativa anti derechos no busca quitar fondos públicos al estado para llevar adelante los tratamientos, sino que ademásbusca impedir que las obras sociales, el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquier programa con aportes públicos los cubran.
Desde la Federación LGBT Argentina aseguraron que “este proyecto representa un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, al pretender desmantelar una ley reconocida internacionalmente por su carácter pionero y por garantizar el derecho al libre desarrollo de la identidad de género”.
También resaltan que el proyecto apunta a “prohibir cualquier intervención médica en menores de 18 años incluso con consentimiento informado. De este modo, niegan el proyecto de autonomía progresiva y el interés superior del niño”.
Por otro lado, y casi como una iniciativa perversa, el proyecto busca eliminar el “trato digno”, es decir que el nombre autopercibido en espacios institucionales “será voluntario y no obligatorio”.
