No habrá clases a partir del miércoles por 72 horas en todas las universidades nacionales, los gremios se ponen en pie de lucha para forzar al gobierno nacional a cumplir la ley que el parlamento nacional sancionó.
La puja entre el gobierno anarco libertario de Javier Milei y las y los trabajadores de las universidades nacionales tendrá un capítulo más esta semana. Desde el miércoles y hasta el viernes no habrá clases en las universidades como parte de un plan de lucha para que busca que el gobierno cumpla con la ley y actualice los salarios de docente y no docentes.
Apenas asumido el gobierno en diciembre de 2023, fue claro que iría por brutales recortes a los que llama “gastos”, entre estos la educación universitaria y quienes más lo han sufrido son las y los trabajadores. Por esto el Congreso Nacional sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que luego fue vetada por el presidente Milei, tras ese paso, las y los legisladores de ambas cámaras insistieron, rechazaron el veto presidencial y sancionaron una nueva norma, esta, el ejecutivo nacional la promulgó, pero no dispuso fondos para que pueda ser aplicada.
Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), señaló al diario Página 12: “Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”.
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto, su secretaria afirmó: “La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44 por ciento de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”.
Envalentonado por la victoria en las últimas elecciones legislativas nacionales el gobierno profundiza su estrategia con la motosierra, mientras lo hace construye el presupuesto 2026, donde debería existir una partida para poder aplicar la ley en cuestión, si embargo, hasta aquí no hubo ninguna definición al respecto.
