La denuncia la realizó la Oficina Anticorrupción y los dos ex ministros involucrados son Guillermo Dietrich y Javier Iguacel.

La denuncia es por el desvío de 1300 millones de pesos en obras de seguridad vial que jamás se ejecutaron, parece contado por los medios hegemónicos y teniendo como blanco a funcionarios kirchneristas, sin embargo la maniobra fue llevada adelante entre 2015 y 2019.

En septiembre del año pasado el diputado nacional Rodolfo Tailhade había presentado la denuncia original. En esta el diputado ya advertía que estos dos ex ministros habían desviado los 1300 millones de pesos en cuestión y que “las obras no se realizaron y se desconoce el destino del dinero”.

Dietrich la desestimó y señaló: “la denuncia es un disparate porque dice que las obras no se hicieron, ¡pero las obras se pueden ver! Me resulta inexplicable que intenten mentir con cosas que la gente usa a diario, que puede ver, tocar y que le mejoraron la seguridad con la que se mueve por el país”.

Otra mirada y postura ha tenido la Oficina Anticorrupción luego de conocer el resultado de las auditorías llevadas adelante “arrojando que en ningún de esos lugares existe la señalización convenida transformándolas en verdaderas rutas fantasmas”.

Según señaló la OA “podría tratarse de un desvío de fondos por un total $1.314.065.056 bajo el delito penal de peculado y/o administración fraudulenta”. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini.

Durante el gobierno que condujo Mauricio Macri se buscó llevar adelante un convenio firmado entre la ANSV y la Dirección Nacional de Seguridad Vial (DSV) para mejorar la infraestructura vial de las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34. Desde la OA informaron que “la ANSV debía destinar los recursos financieros para que Vialidad realizara las obras necesarias. Pero las obras no se hicieron y la DNV nunca rindió cuentas documentadas”.

 La OA habla de una “altamente irregular” y asegura que “muchas de las facturas que presenta la DNV, son de obras previas a la fecha de la firma del convenio, lo que supone un intento de justificar la transferencia de fondos posterior”.

Y se suma además que “Las rendiciones de cuentas efectuadas por la DNV en ocasiones no coinciden con las facturas que en teoría les dan sustento”.

Por otro lado advierte que “los problemas en las rendiciones se vuelven aún más serios al tener en cuenta el análisis de la ANSV en su reclamo interadministrativo, que consideró que el monto real de rendición era de $ 8.287.898,40”. “Es decir, una rendición válida presuntamente menor al 1% de la totalidad de los montos transferidos”.

Por su lado las respuestas que dieron las empresas son inconsistentes y desde la Oficina Anticorrupción aseguran: “las declaraciones de los representantes de las empresas ejecutoras generan una fuerte presunción de que habría tenido lugar una malversación de los caudales públicos (art. 260 del Código Penal), en tanto parecería que algunos de los fondos transferidos por la ANSV se destinaron al pago de obras viales que no tenían vinculación alguna con la instalación de elementos de seguridad vial. Es decir, obras por fuera del objeto estipulado en el Convenio Específico”.

Toca investigar lo sucedido dentro de estos dos ministerios durante el macrismo aunque cabe recordar que Javier Iguacel ha sido uno de los principales impulsores de las causas que buscaron poner a Cristina Fernández en la famosa “ruta del dinero K” por las obras en Santa Cruz. De hecho Iguacel armó frondosas investigaciones y auditorías para lograrlo, descubriéndose con el tiempo que los resultados de estas fueron adulterados.

Ahora deberá rendir cuentas, junto a Guillermo Dietrich, sobre estos 1300 millones de pesos desviados durante sus gestiones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *